Resumen Tras reseñar brevemente la historia de su criminalización, el artículo presenta una reconstrucción dogmática de la estructura típica de la prevaricación de abogado. La consideración del problema del bien jurídico resulta en una desestimación tanto de la tesis que lo identifica con la correcta administración de justica como de la categorización del respectivo delito como uno pluriofensivo, lo cual da pie a postular el correcto ejercicio de la profesión jurídica como un “bien jurídico intermedio”. Ello conduce a una propuesta de demarcación de las especies de prevaricación respectivamente penalizadas en los arts. 231 y 232 del Código Penal, que logra explicar la mayor gravedad de la segunda. Lo anterior sienta las bases para esclarecer los presupuestos típicos del delito previsto en el art. 231, para lo cual el foco queda puesto en su estatus como delito especial; en la exigencia de una deslealtad profesional; en la modalidad consistente en el descubrimiento de secretos del cliente; y en la naturaleza que ha de exhibir el perjuicio irrogado al cliente. Finalmente, se defiende la suficiencia del dolo eventual como título de imputación subjetiva, y se esboza una solución para el problema del posible concurso con el delito de violación del secreto profesional.