Resumen La ley de seguridad del Estado contiene dos disposiciones que criminalizan la expresión de ideas, una en cuanto delito contra la seguridad interior del Estado, y la otra como delito contra el orden público. Es esta última, la apología de doctrinas, sistemas o métodos violentos para lograr cambios sociales la que es objeto de mayor preocupación, pues su formulación vulnera la libertad de expresión. La escasa jurisprudencia existente en democracia, para justificar su aplicación, realiza una interpretación sustantivo penal de la norma que en este trabajo se refuta, llegando a la conclusión de que este precepto debería derogarse.