Resumen Para dar cumplimiento a su finalidad, la Administración se encuentra obligada a acudir a la denominada alianza público-privada, en razón de la cual, la primera le hace un encargo a la segunda, la que, ajustándose tanto a la normativa de contratación administrativa como a la comercial, lo cobra mediante el uso de una factura. En tal contexto, se comenta críticamente una reciente sentencia dictada por la Corte Suprema que, propugnando la existencia de una contradicción normativa, confirma el fallo de primer grado que rechaza las excepciones opuestas por la Municipalidad ejecutada, pronunciándose sobre su calificación, y por dicho intermedio, generando una prelación normativa respecto a los órdenes jurídicos que regulan la materia. La glosa intentará entregar una correcta interpretación del esquema regulatorio de la factura en el marco de la actividad administrativa, así como calificar correctamente la excepción del contrato no cumplido.