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Technical-legal management standards for digital legislative information services
| Indexado |
|
||||||
| DOI | 10.5354/0719-2584.2017.47197 | ||||||
| Año | 2017 | ||||||
| Tipo | artículo de investigación |
Citas Totales
Autores Afiliación Chile
Instituciones Chile
% Participación
Internacional
Autores
Afiliación Extranjera
Instituciones
Extranjeras
Abstract
A challenge of rule of Law is to provide access to the contents of legal texts under modern information management standards for its efficient and effective storage, processing, search, retrieval and communication. The article reviews the international standards for digital legislative information services. The author proposes that the legislative semantic web, based on the technologies of structured document (XML), metadata (RDF) and ontologies (OWL) appears as the optimal platform model for the representation, organization and distribution of these legal contents, and is an effective response to the requirements caused by the phenomenon of legislative contamination and the demand for better and easier access to legislation.
| Ord. | Autor | Género | Institución - País |
|---|---|---|---|
| 1 | Reyes Olmedo, Patricia | Mujer |
Universidad de Valparaíso - Chile
|
| Fuente |
|---|
| Consejo Europeo |
| Division of Research, Evaluation, and Communication |
| Google y Yahoo |
| pa-trocinio de Sunlight Foundation |
| Rare Disease Foundation |
| World Wide Web Consortium |
| Estado para asegurar |
| Agradecimiento |
|---|
| Bajo esta mirada ya no es posible concebir estos servicios en un contexto mer-cantil, sino que se debe entender que los servicios de información legislativa tienen carácter público y deben ser provistos de forma gratuita por el Estado para asegurar los principios de publicidad, seguridad jurídica e inexcusabilidad del conocimiento de la ley. Se insiste, además, que los esfuerzos realizados en este sentido nunca resul-tarán costosos, pues es más oneroso económica y socialmente el desconocimiento de las normas. |
| Bajo esta mirada ya no es posible concebir estos servicios en un contexto mer-cantil, sino que se debe entender que los servicios de información legislativa tienen carácter público y deben ser provistos de forma gratuita por el Estado para asegurar los principios de publicidad, seguridad jurídica e inexcusabilidad del conocimiento de la ley. Se insiste, además, que los esfuerzos realizados en este sentido nunca resul-tarán costosos, pues es más oneroso económica y socialmente el desconocimiento de las normas. |
| 8. La reunión de Sebastopol, California, coordinada por Tim O’Reilly y Carl Malamud y con el pa-trocinio de Sunlight Foundation, Google y Yahoo, constituye un hito en la materia, pues en ella más de treinta organizaciones desarrollaron los Principios del Open Government Data, que han llegado a ser el punto de partida para la apertura de información y registros gubernamentales. 9. Disponible en: http://opengovdata.org/. |
| En el ámbito de la web semántica, la marca descriptiva en XML es, en sí misma, una forma de metadatos; sin embargo, la semántica que define es solo parcial, y de ahí que el W3C desarrolló una de las primeras aplicaciones surgidas del metalenguaje XML, el RDF (resource description framework), considerado un metamodelo de me-tadatos que permite codificar distintos esquemas de metadatos y además crear otros vocabularios específicos a través del lenguaje para la descripción RDF o RDFS (RDF Schema). |
| No obstante que esta discusión doctrinal parece zanjada, se debe decir que la pre-ocupación por el diseño, desarrollo e implementación de servicios en línea surge en Europa mucho más tempranamente que en América Latina, y ya en el año 1983 el Consejo Europeo, inspirado en el creciente mercado de bancos de datos jurídicos, emite la Recomendación REC (1983) 3F relativa a la Protección de Usuarios de Servi-cios de Informática Jurídica,2 por la que propone la adopción de medios apropiados para la protección de los usuarios de estos servicios de información jurídica, defini-dos como «aquel servicio (institución o conjunto de instituciones diferentes, sea cual fuere su forma de organización) que a través de medios automatizados proporciona información sobre documentos jurídicos de una o varias de las siguientes categorías: la legislación, la jurisprudencia y la doctrina». Sugiere además a los Estados miem-bros «facilitar el acceso de los servicios de información jurídica a los textos jurídicos básicos (legislación, jurisprudencia, textos administrativos)». |
| Bajo esta mirada ya no es posible concebir estos servicios en un contexto mer-cantil, sino que se debe entender que los servicios de información legislativa tienen carácter público y deben ser provistos de forma gratuita por el Estado para asegurar los principios de publicidad, seguridad jurídica e inexcusabilidad del conocimiento de la ley. Se insiste, además, que los esfuerzos realizados en este sentido nunca resul-tarán costosos, pues es más oneroso económica y socialmente el desconocimiento de las normas. |
