Resumen La importancia en el ámbito nacional argentino del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, especialmente respecto a los tratados internacionales y estándares legales en materia de género se verifica, desde 1994, en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. Según este, determinados instrumentos de Derechos Humanos y los que en el futuro se incorporen gozan de jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia; es decir, tal como el instrumento efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando la interpretación y aplicación jurisprudencial de los órganos de aplicación de Tratados. Asimismo, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer -Convención Belem do Para- ha sido ratificada por el Estado argentino y aun cuando no goza de jerarquía constitucional, tiene jerarquía supralegal. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Gelman vs. Uruguay” sostuvo que el Estado debe ejercer un control de convencionalidad entre sus normas internas y los tratados internacionales de Derechos Humanos de los que es parte, tarea que corresponde a cualquier autoridad pública y no exclusivamente al Poder Judicial. Por consiguiente, la influencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos debe estar presente en todas las instituciones estatales. Sin embargo, poco se conoce sobre el impacto que esta constitucionalización tiene en la práctica. Este trabajo tiene como objetivo conocer cómo, cuánto y para qué se utiliza el derecho regional en el reconocimiento y avances en los derechos de las mujeres en Argentina. Específicamente, busca conocer cómo ha sido el uso de los estándares en materia de género del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por parte de los tres poderes del Estado (Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial), mediante un análisis fuertemente cuantitativo que pretende ser una primera herramienta base para investigaciones futuras más específicas.