Resumen: Desde hace ya varios años el Estado y el mundo privado han reunido sus esfuerzos con tal de satisfacer las distintas aristas del bien común, en cuanto principal objetivo del Estado. Para ello, el sector privado recibe el encargo de ejecución de obras o de prestación de servicios de parte de la Administración, debiendo constar para aquello con el respaldo financiero necesario para el adecuado cumplimiento de lo mandatado. El problema se presenta cuando no todas las empresas poseen el capital suficiente para la correcta ejecución de esos proyectos, o teniéndolo prefieren utilizar otros medios, como acudir a instrumentos de financiamiento de largo o corto plazo. Entre estos últimos el descuento de facturas adopta un papel fundamental por la simpleza y bajo costo para el empresario, sin embargo, en el contexto de los proyectos de infraestructura esa simpleza se diluye al colisionar, al menos aparentemente, con la regulación administrativa contractual.