Resumen: El objetivo del presente trabajo es examinar el cumplimiento por parte de la judicatura del deber de fundamentar sus resoluciones en el proceso penal y el vínculo de esta obligación con la garantía fundamental del debido proceso. Para ello se analizarán diversos fallos de tribunales superiores de justicia, con especial énfasis respecto de acciones constitucionales de amparo y en menor medida algunas sentencias en sede de nulidad por la causal prescrita en el artículo 373 letra a) del código procesal penal. El resultado de esta indagación jurisprudencial ha sido la necesidad de reforzar normativamente la garantía del justiciable a que las resoluciones judiciales estén debidamente fundadas.