Resumen: Los diversos ordenamientos jurídicos contemplan la posibilidad de habilitar el uso de facultades extraordinarias ante circunstancias que responden a factores diversa índole y configuran una situación de emergencia, pudiendo sus órganos actuar con competencias distintas a las permitidas en condiciones de normalidad institucional. El uso de poderes extraordinarios es permitido por el Derecho Internacional a través de la facultad de suspensión de garantías, con la finalidad de que los Estados puedan restablecer su institucionalidad y con ello, la plena vigencia de los derechos humanos. Este trabajo pretende abordar dicha institución, analizando los estándares interamericanos sobre la materia y proponer la convencionalidad de los poderes extraordinarios del Estado como una garantía para la vigencia del Estado de Derecho, al establecer parámetros mínimos para la aplicación de medidas extraordinarias y limitar la extensión del régimen excepcional.