RESUMEN: Este artículo tiene por objeto analizar (a propósito de la crisis sanitaria del Covid-19) el rol que ha jugado en el pasado, y hasta el presente, la protección de la salud pública en la limitación de la movilidad humana internacional. Los Estados son competentes para restringir la libre circulación, y eventualmente excluir a determinadas personas que desean ingresar a su territorio, cuando ello pueda significar una amenaza para la salud pública. No obstante, una decisión estatal en este sentido debe adoptarse con fundamentos estrictamente epidemiológicos, excluyendo cualquier otra clase de consideraciones que, en la práctica, han lesionado los derechos humanos de las personas migrantes.