Resumen Pese a no existir en ella referencias explícitas a la inmigración, la doctrina y jurisprudencia constitucionales han considerado que la Constitución de 1980 ha ofrecido a las personas migrantes un alto estándar de protección de sus derechos fundamentales. En el artículo se sostiene que en la futura Constitución es necesario dar continuidad a este marco particularmente garantista, e incorporar normas que dirijan la acción del Estado hacia la adopción de políticas migratorias que se enfoquen en los derechos de las personas migrantes y que favorezcan su integración.