Resumen La liquidación y ejecución de sentencias colectivas en materia de consumo suelen resultar complejas en atención a la indeterminación inicial de los montos indemnizatorios y de los afectados que pueden solicitar una reparación. Por ello, las herramientas previstas para estos efectos en el Código de Procedimiento Civil por sí solas serían insuficientes sin un adecuado marco regulatorio especialmente previsto para la liquidación y posterior ejecución tanto de las sentencias condenatorias como de aquellas denominadas estructurales en materia de derechos colectivos y difusos. Lo anterior justifica entonces la incorporación de mecanismos como los fondos de reparación, que aseguren que el monto de las indemnizaciones no quede en manos del infractor, y que sean destinados a la reparación individual de los consumidores afectados o en subsidio, a cumplir con algún otro objetivo establecido por la ley.