Resumen En el ámbito de los regímenes especiales aplicados a la explotación de los recursos mineros a nivel internacional es común el uso de los términos “canon”, “regalía” y “royalty”, los cuales, mezclados con obligaciones de naturaleza tributaria y no tributaria, en ocasiones se emplean para hacer referencia a una serie de cantidades de dinero que deben ser pagadas normalmente al Estado, a cambio de permisos para ejercer las actividades mineras. Una de las mayores dificultades que plantea su inclusión en los ordenamientos, es la de su naturaleza jurídica: ¿Son precios públicos? ¿Son derechos? ¿Son tributos? ¿Constituyen categorías anómalas distintas de los precios públicos y los tributos? Y es que el uso de términos no integrados en la noción tripartita de tributo que los clasifica en impuestos, tasas y contribuciones, hace difícil la determinación de su verdadera naturaleza jurídica, lo que podría llevar a situaciones injustas. En todo caso, en muchas de estas figuras se halla un factor común para su exigencia: el dominio público, ese vínculo que existe entre el Estado y las minas; que pese a no ser el único criterio empleado para la imposición de gravámenes en torno a la minería sí se considera intrínseco a las actividades extractivas. El presente trabajo se propone pues, explicar por medio del análisis de algunas figuras concretas que gravan a la actividad minera en España, Perú y Chile, cómo es que el dominio público puede fungir como elemento objetivo para la exigencia de ciertos gravámenes a la actividad minera, así como la naturaleza jurídica de los mismos.