RESUMEN: El derecho a la educación constituye un campo significativo para el trabajo con la infancia migrante, dado que ahí se juega buena parte de las posibilidades de inclusión y cohesión social en las sociedades de acogida. En el contexto latinoamericano no existe una estructura operativa común vinculada al ejercicio y garantía de este derecho. En ese marco, el objetivo de este artículo es analizar en términos comparativos los mecanismos legislativos y políticos que aseguran el derecho a la educación para niños, niñas y adolescentes migrantes en Chile, Argentina, Uruguay, Costa Rica y Colombia. A través de análisis documental de convenciones internacionales, leyes y políticas se pudo constatar que si bien se comparten principios comunes que operan desde lo ético, en términos políticos existe una considerable diferencia en la forma en que se aborda el derecho a la educación, lo que puede traer consecuencias al momento de su plena aplicabilidad.