Resumen: El presente artículo aborda, desde un punto de vista crítico, la atribución de responsabilidad penal a los partidos políticos en el Código penal español desde 2012. Para ello se procede a refutar, de manera sistemática, las consideraciones hechas por los defensores de la responsabilidad penal de los partidos políticos. Tales consideraciones se centran en que los partidos son focos de corrupción, en su naturaleza de instituciones privadas, en considerar que castigar penalmente a un partido político constituye una obligación de la UE, o en que tal responsabilidad penal de los partidos políticos sería una consecuencia de la función promocional del Derecho penal. Así mismo, se resaltan también otras razones y dificultades que, igualmente, desaconsejan su previsión legal, como serían las que se derivan de trasladar la responsabilidad penal creada para empresas a partidos políticos, así como las que se desprenden de la selección de los delitos que le son imputables y de las penas que les serían imponibles.