La Constitución no está excluida de las normas de referencia de que se valen los jueces para ejercer el control de los actos de la administración. Sin embargo, en Francia, el control de la constitucionalidad de los actos administrativos está condicionado a la existencia de la ley que, eventualmente, puede interponerse entre dichos actos y la Constitución como una "pantalla" que impide anular aquellos actos que, siendo conformes a la ley, son contrarios a la Constitución. Esta doctrina es cuestionada porque resta eficacia a la protección de los derechos fundamentales y la irrupción del Derecho Comunitario europeo en el Derecho interno francés ha reforzado este cuestionamiento