El artículo analiza que la doctrina de los actos políticos y de las "cuestiones políticas", concebidas hoy como un anacronismo inconcíbale con el Estado de Derecho. Estas doctrinas tienen hoy un lugar en la democracia constitucional, permitiendo establecer un límite al control judicial de los actos del poder estatal, cuando éstos sean fruto de una función gubernativa o de dirección suprema del Estado, bajo la modalidad de atribuciones exclusivas de órganos supremos del mismo Estado, o bien se trate de cuestiones políticas que deben permanecer en el espacio de deliberación pública de la ciudadanía.