Este trabajo exhibe los principales criterios de adjudicación empleados por la jurisprudencia nacional y comparada en los casos en que el derecho de acceso a la información y la libertad de expresión han confrontado al derecho a la vida privada de funcionarios públicos. Se sostiene que todos los criterios identificados en dicha relación refieren a uno de ellos -el interés público informativo- como el estándar prevalente respecto del cual los restantes parecen ser accesorios. Se constatará también que varias de las premisas conceptuales bajo las que operan los órganos comparados no son consideradas en nuestro país o bien son aplicadas de manera muy diferente por aquellos órganos que ejercen jurisdicción sobre la materia.