Resumen: Tras un breve examen de su constitucionalidad, en este trabajo se da cuenta de algunos problemas interpretativos del régimen de apelación verbal contra resoluciones que rechazan la solicitud de imposición o mantenimiento de la prisión preventiva, del artículo 149, inciso segundo del Código Procesal Penal, que han sido solucionados en virtud de la reciente modificación hecha por la Ley Nº 20.931. Acto seguido, se analiza y se sugiere la forma de solucionar varios otros problemas interpretativos que la mencionada regulación, a pesar del último cambio legal, sigue presentando. Se pretende revisar la afirmación de que la norma consagra una apelación con efecto suspensivo, decidir si dicha apelación verbal debe cumplir los requisitos generales de procedencia de toda apelación, resolver si cuando no se deduce la apelación verbal cabe igualmente la apelación escrita, determinar si la apelación verbal es aplicable en el juzgamiento de adolescentes, decidir si solo el fiscal puede interponerla y, por último, resolver si la calificación jurídica invocada por el Ministerio Público es relevante para su admisibilidad.