RESUMEN En los estudios doctrinarios sobre los regímenes mineros a nivel mundial ha sido una preocupación constante tratar de responder, entre otras cosas: ¿A quién pertenecen las minas o la riqueza mineral?, ¿Cuál es la relación que existe entre los particulares y el Estado con las minas? ¿Qué naturaleza tienen los derechos que se pueden adquirir sobre la riqueza mineral? Las teorías que se han planteado para responder a estas y otras cuestiones, pueden hallarse en lo que en la doctrina se ha denominado “dominio minero” o para algunos “propiedad minera,”, términos que hacen referencia fundamentalmente a la determinación de a quién pertenecen la mina y los recursos minerales, u otros sistemas de ordenación que tratan de explicar el vínculo existente entre el Estado y estos, así como la forma en la que los particulares pueden o no aprovecharlos. Aunque en el derecho comparado parece claro que las minas están integradas al género “dominio público”, categoría macro que incluye a una serie de bienes y derechos sometidos a una normativa especial, de la que el dominio minero es entonces, una especie; en el caso de Chile, esto no ha sido así siempre. Al menos desde el punto de vista dogmático. De la revisión de la literatura chilena puede observarse que, salvo excepciones, aún existen vestigios de teorías civilistas para intentar explicar dicho vínculo. De esta forma, aunque el Estado suele estar vinculado con las minas o con la riqueza minera, en Chile la explicación sobre la naturaleza jurídica de ese vínculo es en un principio difusa, habiéndose formulado como una verdadera propiedad, pero luego se les afecta definitivamente a un interés general. De ahí que el presente trabajo busca explicar que, efectivamente, en la actualidad las minas se han venido a integrar a la noción de “dominio público” que incluye las más diversas categorías de bienes.