El trabajo analiza el contexto histórico y político chileno que explica la creación del Recurso de Protección. Ese contexto es el del gobierno de la Unidad Popular (1970-1973). Superada la crisis política que sirvió de justificación para la creación del Recurso de Protección, el autor propone reformular la tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de modo de hacerla más eficaz, más respetuosa del derecho a un debido proceso de los justiciables y con mayores grados de seguridad jurídica. Para ello propone modificaciones normativas e interpretativas al sistema de tutela jurisdiccional de derechos fundamentales, articulando de mejor modo las vías procesales constitucionales con las civiles y las administrativas. Para unificar las decisiones de los tribunales en materia de derechos fundamentales, sugiere la creación de un procedimiento casatorio ante el Tribunal Constitucional.