El colapso, a que poco andar se vieron sumidos los Tribunales de Familia, obligó al Ejecutivo a enviar un proyecto de ley que contiene un conjunto de medidas tendientes a descongestionar esta nueva judicatura. Entre ellas, se sustituye la voluntariedad de la mediación por la derivación obligatoria, en forma previa a la interposición de la demanda, para ciertas materias. Determinar los objetivos de política pública que subyacen a esta medida, su adecuación a los principios que animan la mediación y sus efectos a la luz de la experiencia de los tribunales de familia, son las temáticas que aborda el presente trabajo.