Un elemento importante de los conflictos actuales entre el Estado y los pueblos indígenas en nuestro país dice relación con la concepción del derecho positivo como intrínsecamente superior al derecho propio indígena. Esto ha derivado en que éste carezca de un reconocimiento efectivo dentro de nuestro ordenamiento jurídico, lo que a la vez intensifica el estado general de injusticia intercultural en el que aún viven estos pueblos. Por ende, el presente artículo propone una crítica de aquella premisa de superioridad, investigando los fundamentos de autoridad del derecho estatal y proponiendo una nueva narrativa en donde éstos se vinculen inextricablemente con la violencia. Así, se estima, se posibilitaría la apertura del sistema normativo oficial al hecho básico del pluralismo jurídico.