Este artículo examina la tensión entre la libertad de emitir opinión y la de informar y la protección a la honra de las personas. Su principal premisa es que un sistema que sanciona penalmente las injurias y calumnias debe ofrecer defensas adecuadas a los imputados por estos delitos. Por ello, el artículo analiza esta tensión a partir de la exceptio veritatis, la principal excepción que nuestro ordenamiento reconoce a imputados por estos delitos. El propósito es comprobar si esta excepción, tal como está formulada, garantiza adecuadamente la libre circulación de información de serio interés público. A partir de un análisis del contenido, alcance y función de la exceptio veritatis en nuestro ordenamiento y en sistemas comparados, el artículo llega a la conclusión que dicha excepción es insuficiente para garantizar adecuadamente esta libertad.