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Colección SciELO Chile

Los conflictos de legalidad y los conflictos de constitucionalidad como garantía institucional de la jurisdicción constitucional

Indexado

Scopus	SCOPUS_ID:85058641774
SciELO	S0718-09502018000200135

DOI

Año

2018

Tipo

artículo de investigación

Citas Totales

Autores Afiliación Chile

Instituciones Chile

% Participación
Internacional

Autores
Afiliación Extranjera

Instituciones
Extranjeras

Abstract

RESUMEN: La investigación que se presenta en este artículo busca describir cómo los denominados “conflictos de legalidad” y los “conflictos de constitucionalidad” pueden ser concebidos como garantía institucional de la jurisdicción constitucional. Estos dos conceptos han operado en la práctica como elementos de declinación o de adjudicación de competencia por parte del Tribunal Constitucional de Chile, particularmente cuando conoce de requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y, por lo mismo, se erigen como mecanismos de deferencia entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria.

Revista

Revista	ISSN
Revista De Derecho (Valdivia)	0718-0950

Disciplinas de Investigación

WOS
Law

Scopus
Sin Disciplinas

SciELO
Applied Social Sciences

Muestra la distribución de disciplinas para esta publicación.

Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.

Colaboración Institucional

Muestra la distribución de colaboración, tanto nacional como extranjera, generada en esta publicación.

Autores - Afiliación

Ord.	Autor	Género	Institución - País
1	Salem Gesella, Catalina	Mujer	Pontificia Universidad Católica de Chile - Chile
1	Gesell, Catalina Salem	Mujer	Pontificia Universidad Católica de Chile - Chile

Muestra la afiliación y género (detectado) para los co-autores de la publicación.

Financiamiento

Fuente
Tribunal para
impugnado

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Agradecimientos

Agradecimiento
El segundo punto a destacar es que los dos últimos requisitos que contempla el artículo 84 de la LOTC –a saber, la aplicabilidad decisiva del precepto legal impugnado (Nº 5º) y la exigencia de fundamento plausible del requerimiento (Nº 6º)–, presentan el mayor desafío para la fijación de la competencia del Tribunal, pues comulgan íntima-mente con la competencia del juez del fondo. Piénsese que el requisito consignado en el número 5º supone que el juez constitucional se sitúe en el lugar del juez ordinario y desde esa esfera prevea la aplicabilidad o decisividad de un determinado precepto legal. Eso evidentemente supone efectuar una interpretación legal no solo del precepto, sino que también de las instituciones jurídicas que lo rodean y que tienen una consagra-ción a nivel legal o incluso infralegal. Mientras, el último requisito –consignado en el número 6º del artículo 84 de la LOTC– ha permitido al Tribunal en su jurisprudencia de inadmisibilidad establecer varios criterios, más o menos objetivos, acerca de qué ha de entenderse que el requerimiento “carezca de fundamento plausible”. Uno de dichos criterios determina precisamente que carece de fundamento plausible el requerimiento que plantea un “conflicto de legalidad”, esto es, un conflicto de aquellos que le corresponde conocer a los jueces del fondo y no al juez constitucional. Luego, la determinación de
El segundo punto a destacar es que los dos últimos requisitos que contempla el artículo 84 de la LOTC –a saber, la aplicabilidad decisiva del precepto legal impugnado (Nº 5º) y la exigencia de fundamento plausible del requerimiento (Nº 6º)–, presentan el mayor desafío para la fijación de la competencia del Tribunal, pues comulgan íntima-mente con la competencia del juez del fondo. Piénsese que el requisito consignado en el número 5º supone que el juez constitucional se sitúe en el lugar del juez ordinario y desde esa esfera prevea la aplicabilidad o decisividad de un determinado precepto legal. Eso evidentemente supone efectuar una interpretación legal no solo del precepto, sino que también de las instituciones jurídicas que lo rodean y que tienen una consagra-ción a nivel legal o incluso infralegal. Mientras, el último requisito –consignado en el número 6º del artículo 84 de la LOTC– ha permitido al Tribunal en su jurisprudencia de inadmisibilidad establecer varios criterios, más o menos objetivos, acerca de qué ha de entenderse que el requerimiento “carezca de fundamento plausible”. Uno de dichos criterios determina precisamente que carece de fundamento plausible el requerimiento que plantea un “conflicto de legalidad”, esto es, un conflicto de aquellos que le corresponde conocer a los jueces del fondo y no al juez constitucional. Luego, la determinación de

Agradecimiento

El segundo punto a destacar es que los dos últimos requisitos que contempla el artículo 84 de la LOTC –a saber, la aplicabilidad decisiva del precepto legal impugnado (Nº 5º) y la exigencia de fundamento plausible del requerimiento (Nº 6º)–, presentan el mayor desafío para la fijación de la competencia del Tribunal, pues comulgan íntima-mente con la competencia del juez del fondo. Piénsese que el requisito consignado en el número 5º supone que el juez constitucional se sitúe en el lugar del juez ordinario y desde esa esfera prevea la aplicabilidad o decisividad de un determinado precepto legal. Eso evidentemente supone efectuar una interpretación legal no solo del precepto, sino que también de las instituciones jurídicas que lo rodean y que tienen una consagra-ción a nivel legal o incluso infralegal. Mientras, el último requisito –consignado en el número 6º del artículo 84 de la LOTC– ha permitido al Tribunal en su jurisprudencia de inadmisibilidad establecer varios criterios, más o menos objetivos, acerca de qué ha de entenderse que el requerimiento “carezca de fundamento plausible”. Uno de dichos criterios determina precisamente que carece de fundamento plausible el requerimiento que plantea un “conflicto de legalidad”, esto es, un conflicto de aquellos que le corresponde conocer a los jueces del fondo y no al juez constitucional. Luego, la determinación de