Durante décadas, la economía de la Región de Magallanes ha crecido a una tasa significativamente inferior a la del resto del país. Aún cuando la dinámica económica no ha variado sustancialmente desde 1960 hasta la fecha, se pueden distinguir dos períodos con diferentes escenarios: 1960 - 2000 y del 2000 en adelante. El motivo de separación es que entre 1999 y 2000 se produjeron cambios institucionales (leyes de excepción) importantes, acompañando a otras modificaciones que ya comenzaban a evidenciarse en la estructura productiva regional. Junto con un pobre desempeño de la economía, la dinámica demográfica de la Región ha sido también muy discreta, en particular en Tierra del Fuego y muy especialmente si se la compara con aquella de la población argentina en la isla. En tanto que la población en Tierra del Fuego argentina ha crecido casi 40 veces desde 1920 hasta el año 2002, en igual período la población en Magallanes apenas se quintuplicó y en Tierra del Fuego chilena no alcanzó a triplicarse. Se percibe además una tendencia de largo plazo al deterioro del capital humano regional, asociado a la institucionalización de estímulos perversos para la Región: No se fomenta ni premia la radicación de profesionales y en cambio, hay grandes incentivos para la radicación de personas que sólo aportan su pobreza, con ninguna o escasa calificación. Por último, un somero examen del entorno legal de excepción, en particular de la eficiencia agregada de la Ley Navarino arroja resultados sorprendentes. Se puede apreciar que la Ley ha importado desembolsos cuantiosos para el Fisco por la vía del pago de bonificaciones. Como contraparte al pago de estas bonificaciones, se habían materializado inversiones por unos US$ 25 millones en Tierra del Fuego (Porvenir principalmente) hasta el año 2004, con la creación de unos 1.200 nuevos empleos. La información disponible nos muestra que ni los cambios en la estructura productiva regional ni la operación de la Ley Navarino han modificado la dinámica económica de la Región ni sus tendencias demográficas de largo plazo. Junto con ello, surgen dudas respecto de la justificación y eficiencia del cuerpo legal.