En la transición a la democracia en España, tras la larga dictadura franquista, no se exigieron responsabilidades penales por los crímenes cometidos bajo el régimen anterior. En la actualidad, los intentos por abrir una persecución penal de estos delitos han llegado demasiado tarde, dada la desaparición de los eventuales responsables de los hechos. En el artículo se analizan los obstáculos jurídicos a los que ha debido hacer frente la persecución penal, como la prohibición de retroactividad, la prescripción y los efectos de la Ley de amnistía de 1977, y se concluye con una reflexión sobre los límites intrínsecos a la justicia penal y la necesidad de explorar otras medidas propias de la justicia transicional.