La reacción defensiva frente a la agresión ilegítima sólo se encuentra justificada por el ordenamiento jurídico si -fuera de existir provocación suficiente- existe una necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Dicha circunstancia ha generado intrincados problemas de interpretación y aplicación, ya en cuanto a su alcance, ya en cuanto a su naturaleza -jurídica o fáctica-, ya en cuanto a la forma de realizar su apreciación en el caso concreto. Precisamente, por su trascendencia práctica, esta última problemática es la que se abordará en el presente trabajo, analizándose -previo repaso mínimo de la doctrina nacional sobre el punto- una serie de sentencias pronunciadas por nuestros Tribunales Superiores de Justicia que distinguen claramente dos criterios de apreciación o valoración de la necesidad racional.