El artículo contrasta el proceso de reconocimiento de los derechos de la víctima que tuvo lugar durante la reforma que introdujo el sistema acusatorio en el año 2000, con el que ha venido ocurriendo con posterioridad a ese proceso y que se ha traducido en una serie de propuestas de reforma legal, en una reforma constitucional y en litigación frente al Tribunal Constitucional. Se plantea que no existe continuidad entre ambos fenómenos, sino que se trata dos orientaciones muy distintas, basadas en ideas contrastantes e incluso hasta cierto punto contradictorias, detallándose además cómo, de prosperar algunas o todas las líneas de reforma posteriores al año 2000, el sistema procesal penal chileno se encontraría en una situación bastante única y en ningún caso prevista por los promotores de las reformas originales.