El presente artículo trata sobre la incidencia de la negociación en el proceso penal en la eficacia preventivo-general de la pena y la protección de bienes jurídicos como función del Derecho penal. Tras un análisis sistemático se advierte la necesidad de excluir la negociación en los delitos graves, es decir, de aquellos en los que la modificación de las consecuencias jurídicas mediante criterios ajenos a la norma de conducta afecte significativamente la prevención general y la comunicación acerca del valor del bien jurídico protegido. Así pues, se propone una doble vía procesal: mantener el juicio oral en los delitos graves y permitir la negociación en los delitos leves. Esta propuesta se refiere especialmente a la actual regulación de la negociación en los procesos penales español y peruano, respecto a los cuales se formulan algunas consideraciones de lege ferenda.