Resumen: En un contexto como el actual es preciso volver al discurso de la legitimación del Derecho penal y revisitar el marco conceptual que debería servir de base para la evaluación crítica de las políticas legislativas penales de un Estado social y democrático de Derecho. Con este fin, en el presente trabajo se apuntan algunos problemas de legitimación que plantea el “Derecho penal del miedo”, término que pretende describir la cada vez más consolidada tendencia a orientar la intervención punitiva a la consecución de la sensación de seguridad (seguridad subjetiva), y que afecta hoy en día a ámbitos de criminalidad de muy distinta naturaleza. Desde postulados garantistas, se sostiene que la orientación a la seguridad subjetiva que caracteriza el Derecho penal del miedo y la instrumentalización política que se deriva de la misma, suponen una funcionalización ilegítima, en la medida que abre la puerta a la perversión de las funciones y fines del Derecho penal con la vulneración, en ocasiones encubierta, del principio de protección de bienes jurídicos. La prevalencia de las funciones latentes por encima de la protección de bienes jurídicos en la promulgación de una norma penal constituye una de las posibles causas de su potencial ineficacia instrumental. En la medida en que así sea, podrá afirmarse que dicha norma tiene únicamente efectos simbólicos.