Resumen El presente artículo aborda la evolución general de la privación de libertad, primero como custodia de aseguramiento y, después, como pena propiamente tal para indagar en los dispositivos ideológicos que han asegurado históricamente y hasta el día de hoy la exclusión de los condenados a penas de cárcel de su consideración como sujetos titulares de derechos, cuyo ejercicio no debiera ser afectado sino únicamente respecto del o los derechos comprometidos con la naturaleza de la(s) pena(s) impuesta(s). En particular, se examinan los discursos teóricos que han permitido la “administrativización” de la ejecución de las penas privativas de libertad a partir de su disociación con la fase de su imposición en la sentencia, y que han conducido a la atribución de distintos fines a la pena según cuál sea el momento en que se expresa la práctica punitiva estatal. La consecuencia ha sido la comprensión (de) que el derecho penal, con sus principios y garantías, solo llega hasta el momento de la imposición judicial de la pena; la cárcel queda fuera y también el estado de derecho.