El trabajo comenta la sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 26 de diciembre de 2006 (Rol N° 541-2006), recaída sobre el artículo 42 de la Ley de Concesiones, que declaró constitucional dicha norma, centrando su crítica en lo débil de la argumentación, la cual, ajena a criterios de proporcionalidad y justicia que toda regulación exige, vulnera el derecho a la igualdad y a la seguridad jurídica que la Constitución protege. Por otra parte, el autor considera que la sentencia va en la dirección equivocada al considerar al sistema de concesiones como un bien jurídico digno de una protección constitucional especial, utilizando a las personas como un medio para el logro de dicho fin. Para terminar, concluye que el nuevo artículo que norma la imposición de sanciones en caso de no pago de peajes o tarifas, que actualmente se tramita en el Congreso, va, en líneas generales, en la senda correcta.