Los problemas asociados al consentimiento para los tratamientos médicos de los niños son conflictos netamente constitucionales vinculados a la exigibilidad y los límites de los derechos fundamentales de los niños, así como a los derechos y deberes de los padres. Diversos derechos del niño pueden verse afectados por tratamientos médicos (e.g., vida, privacidad) por lo que tales situaciones deben sujetarse a los límites comunes a las restricciones a derechos fundamentales. La sustitución de la voluntad del menor por sus padres (no por sus representantes legales) es constitucionalmente legítima en la medida que se someta a ciertas limitaciones sustanciales (e.g., principio evolutivo, interés superior del menor) y procedimentales (e.g., derecho del niño a ser informado). Se proponen reglas para resolver desacuerdos entre el niño, sus padres y los médicos.