Laicidad y pluralismo son categorías fundamentales y claves a la hora de articular las relaciones que el Estado ha de mantener con el fenómeno religioso, en su más pleno sentido, tal y como aparece en nuestras sociedades democráticas occidentales. La laicidad, en esta reflexión, se asume como característica, categoría, actitud o límite del Estado y de su propia actividad; el pluralismo se considera como característica y propiedad esencial de nuestras sociedades contemporáneas y como valor ciudadano. Se pretende en esta aportación clarificar la relación que existe entre la laicidad de los Estados y las sociedades abiertas y plurales, en cuanto característica esencial de la sociedad justa. Las sociedades democráticas, como tales, no son ni laicas, ni confesionales, sino plurales y libres, tanto desde el punto de vista religioso como ideológico. Solo en los totalitarismos, desde los imperios romano y orientales hasta nuestros días, cabe plantear la existencia de sociedades confesionales, monistas, bien de carácter religioso, antirreligioso o ideológico. La laicidad del Estado es, sobre todo, respeto y garantía de desarrollo y promoción de la pluralidad social. Solo así se podrá conseguir la justicia en la libertad no discriminatoria. Por ello, los aparatos estatales deberán abstenerse de cualquier intervención favorecedora de una determinada ideología o ideal religioso y evitar, en lógica consecuencia, que la propia laicidad se convierta en ideología de Estado, así como de la propia conformación de la sociedad.