El presente trabajo analiza la sentencia pronunciada por la Corte Suprema con fecha 2 de marzo de 2010, en recurso de casación en el fondo, la que viene a cambiar radicalmente el criterio asentado en los últimos años en la Corte de Apelaciones de Santiago, la que en múltiples ocasiones ha declarado la nulidad absoluta de una cláusula penal pactada en un contrato de leasing, por estimar que ella carece de causa.