Si bien en la jurisprudencia nacional se ha instalado como criterio dominante la inaplicabilidad de la amnistía y la prescripción en casos de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extralegales, este consenso no se ha logrado en lo que se refiere a la responsabilidad extracontractual derivada de estos crímenes, ni en cuanto a las penas aplicables a sus responsables. Los desarrollos elaborados por los jueces, los problemas dogmáticos que han debido sortear y los ámbitos donde todavía se observan criterios pendulares pueden ser analizados desde varias perspectivas, algunas de ellas menos exploradas por la doctrina. En este trabajo se prestará especial atención a los problemas que ha planteado el poder legislativo para desarrollar normas generales en este ámbito y las consecuencias de su inactividad para el tratamiento de los derechos en juego.