Situados en un progresivo traspaso de responsabilidades en la ejecución de los servicios sociales desde el Estado hacia actores no gubernamentales, aparece una demanda hacia el mismo Estado, el cual en lugar de simplementedeclinar su labor, debiera de hecho expandir su regulación de modo de asegurarque la oferta social sea eficiente en satisfacer al ciudadano usuario en aquellosservicios prometidos por las políticas y programas sociales. Así mismo, lainstitucionalidad pública debiera reconocer las demandas del mundo privado paraactuar articuladamente hacia fines comunes, que finalmente conduzcan a un horizonte de desarrollo de una sociedad más igualitaria. Este estudio da cuenta de lastensiones, reveladas por autoridades de servicios públicos que atienden personasvulnerables, en su relación de colaboración con OSFL (Organizaciones Sin Finesde Lucro), para alcanzar tal horizonte.