El objetivo de este trabajo consiste en determinar a quién debe conocer el banco emisor de un crédito documentado o, en otras palabras, respecto de qué sujetos ha de aplicar las medidas de diligencia debida, cuya finalidad es la prevención del lavado de activos. Ello en el marco de una operación en la que interviene el banco emisor, un ordenante y un beneficiario. En el análisis y soluciones que se proponen se tiene en cuenta la caracterización que, desde el Derecho Privado, se realiza de las relaciones jurídicas existentes entre las partes de este medio de pago.