RESUMEN: Este artículo analiza la capacidad del derecho a la verdad para contribuir al esclarecimiento de la verdad histórica y a la construcción de la memoria colectiva tras períodos de violencia excepcional. Para hacerlo distingue dos dimensiones de este derecho. La primera es aquella que busca reconstruir el pasado mediante el proceso penal, identificando responsables y resarciendo el daño ocasionado a las víctimas. La segunda se refiere a un conjunto de prácticas y normas que buscan consolidar el respeto a la memoria colectiva por medio de la producción y circulación de discursos acerca del pasado en la esfera pública. El propósito es demostrar que mientras la primera dimensión privatiza una práctica (la construcción de la memoria colectiva) que es esencialmente política, la segunda hace que dicha práctica sea posible.